Según noticia publicada por El Diario de Cantabria, la Fiscalía de Cantabria solicita una pena de nueve años de prisión para un hombre acusado de traer a España a una mujer con discapacidad intelectual con el objetivo de prostituirla. Además, reclama penas de tres años para otros dos acusados, conocidos del primero, que presuntamente mantuvieron relaciones sexuales con la víctima siendo conscientes de su situación de vulnerabilidad. La acusación particular eleva las penas hasta los 19 años y medio de cárcel para el principal acusado y 15 años para los otros dos.

PROCÈS EN ESPAGNE POUR AVOIR PROSTITUÉ UNE FEMME HANDICAPÉE INTELLECTUELLE AMENÉE DE ROUMANIE. Le ministère public de Cantabria (nord de l’Espagne) demande une peine d’emprisonnement de neuf ans pour un homme accusé d’avoir amené en Espagne une femme handicapée mentale dans le but de la prostituer. En outre, il demande des peines de trois ans pour deux autres accusés, connus du premier, qui auraient eu des relations sexuelles avec la victime tout en étant conscients de leur situation de vulnérabilité. L’accusation individuelle porte la peine à 19 ans et demi de prison pour le principal accusé et 15 ans pour les deux autres [Le texte continue en espagnol].

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El juicio por estos hechos está previsto para los días 6, 7 y 8 de mayo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El escrito del Ministerio Fiscal relata que el principal acusado, de nacionalidad rumana, conoció a la víctima en su país de origen. La mujer, con un diagnóstico de «retraso mental ligero» y sin formación escolar, tenía reconocida una discapacidad del 65% por el Gobierno de Cantabria. En Rumanía, ejercía la prostitución como medio de subsistencia.

Aprovechándose de esta situación de vulnerabilidad y de los escasos recursos económicos de la víctima y su familia, el acusado entabló una relación sentimental con ella y convivió un tiempo a su lado. Posteriormente, le propuso venir juntos a España, haciéndole creer que aquí podrían vivir en mejores condiciones, con ingresos obtenidos mediante trabajos en la vendimia o en la recogida de chatarra.

Sin embargo, según la Fiscalía, las intenciones reales del acusado eran otras: vivir a costa de la mujer, satisfacer sus propios deseos sexuales y los de terceros que él decidiera, así como instarla a cometer delitos contra el patrimonio y ejercer la prostitución. Todo ello, con el fin de beneficiarse económicamente de estas actividades.

Una vez en España, la mujer se encontró en una situación de extrema indefensión: sin conocimientos del idioma, sin recursos económicos propios y sin posibilidad de comunicarse con otras personas, ya que solo hablaba rumano. Además, el acusado retenía su documentación personal.

La Fiscalía detalla que, desde su llegada, el hombre intentó obligarla a robar, pero ante su negativa, la prostituyó con amigos y conocidos de la localidad donde residían. Para ello, creó un perfil en una red social a nombre de ella —que él mismo gestionaba— para establecer contacto con diferentes hombres.

Dos de estos hombres, también acusados en la causa, mantuvieron relaciones sexuales con la víctima, supuestamente consentidas por ella y a cambio de dinero. Ambos eran conocedores de la discapacidad intelectual de la mujer.

La situación se prolongó hasta que la víctima consiguió escapar del domicilio. Fue localizada en la calle en estado de gran temor y portando un cuchillo.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de trata de seres humanos en concurso con otro de prostitución de persona con discapacidad, imputados al principal acusado. A él se le pide una pena de nueve años de prisión, diez años de alejamiento e incomunicación con la víctima, seis años de inhabilitación para trabajar con menores y otros seis años de libertad vigilada tras la pena de prisión.

Para los otros dos acusados, el ministerio público solicita tres años de cárcel, además de cuatro años de alejamiento e incomunicación con la víctima, cuatro años de inhabilitación para trabajar con menores y tres años de libertad vigilada.

En concepto de responsabilidad civil, se reclama que el principal acusado indemnice a la mujer con 15.000 euros por el daño moral causado. Los otros dos acusados deberán abonar 2.000 euros cada uno.

Por su parte, la acusación particular, que representa a la víctima, añade el delito de agresión sexual continuada a los tres acusados. En consecuencia, solicita una pena de 19 años y medio de prisión para el primero —nueve años y medio por trata y diez años por agresión sexual—, además de diez años de alejamiento y libertad vigilada.

Para los otros dos procesados, la acusación particular pide 15 años de prisión —cinco por prostitución y diez por agresión sexual—, además de diez años de alejamiento e incomunicación con la víctima y otros diez de libertad vigilada.

Como responsabilidad civil, la acusación particular también reclama una indemnización total de 30.000 euros «por las secuelas derivadas del estrés postraumático y por los daños morales y psicológicos causados».

Fuente: El Diario de Cantabria