Ramiro García de Dios, María José García-Galán y Antonio Viejo, jueces de control de internamientos del Centro de Internamiento de Extranjeros  de Madrid y titulares de los Juzgados de Instrucción números 6, 19 y 20 de Madrid, desarrollaron el pasado mes de enero un análisis sobre los Centros de Internamiento en España, publicado por El País. Estos mismos magistrados, en fechas recientes, han dictado una resolución en la que se establece que -por lo menos en el Centro de Internamiento de Aluche (Madrid)- los internos tendrán derecho a que se les informe, con 12 horas de antelación, de cuándo van a ser expulsados, la hora en la que va a llevarse a cabo, el número de vuelo, la hora de llegada y la ciudad a la que van a ser conducidos; algo, que, hasta ahora, no se llevaba a cabo.

ADOPTION DES MOYENS NÉCESSAIRES POUR GARANTIR LE DROIT DES IMMIGRANTS ILLÉGAUX DÉTENUS A CONNAÎTRE LE MOMENT DE L’EXPULSION. Ramiro Garcia de Dios, Maria Jose Garcia Galan-et Antonio Viejo, juges de contrôle du Centre de détention des immigrants en situation irrégulière à Madrid et juges titulaires des tribunaux d’instruction n ° 6, 19 et 20 à Madrid, ont développé le dernier Janvier l’analyse des centres de détention en Espagne, publié par El Pais. Ces mêmes juges ont récemment adopté une résolution déclarant que, au moins dans le centre de détention d’Aluche (Madrid), les détenus ont le droit d’être informés avec 12 heures à l’avance de quand ils seront expulsés, le temps qui sera effectuée, le numéro de vol, heure d’arrivée et la ville qui sera prise, quelque chose qui jusqu’à présent n’a pas été effectuée.

Los inmigrantes -continúa señalando El País-  no podían avisar a sus parientes de que iban a llegar a su país, de forma que se encontraban “desasistidos, sin medio económicos y sin soporte de ayuda”, según indica la resolución. Estas expulsiones, realizadas “de esta forma, sin información previa, vulneran por un lado el derecho a estar informados de su situación pero, también, el derecho fundamental a un trato digno”, señala la resolución, que ordena al CIE adoptar los medios necesarios para garantizar el derecho a conocer su expulsión con antelación, por un lado, y, por otro, el de tener los medios necesarios “para poder realizar llamadas telefónicas con la finalidad de avisar a sus parientes o conocidos de España o de su país de llegada a fin de posibilitar la organización del regreso”. Además, tendrán este derecho lo pidan o no.

Con relación a la información facilitada, resulta de interés examinar el informe emitido por Pueblos Unidos sobre la situación en la que se encuentra el mencionado Centro de Internamiento de Aluche, correspondiente al año 2011.

Fuente: El País; Pueblos Unidos.