Según ha publicado El País en fechas recientes, un informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial  avala el nuevo reglamento de los centros de detención de inmigrantes elaborado por el Gobierno, aunque solicita algunas modificaciones para garantizar los derechos de los estas personas. Por ejemplo, el dictamen se muestra muy crítico con la forma y las circunstancias en que pueden ser sometidas a registros corporales. El reglamento “excede el ámbito de habilitación y cobertura legal para adoptar una medida de esta naturaleza, que supone una restricción en el estatuto de los derechos de los internos”, señala la vocal Margarita Uría, autora del informe.

LE POUVOIR JUDICIAIRE DE L’ESPAGNE EXIGE PLUS DE GARANTIES SUR LES FOUILLES CORPORELLES DES IMMIGRANTS. Tel que publié par El Pais récemment, un rapport du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire de l’Espagne prend en charge la nouvelle réglementation des centres de rétention élaborée par le Gouvernement de l’Espagne, mais a demandé certaines modifications pour garantir les droits de ces personnes. Par exemple, le rapport est très critique sur la manière et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être soumis à des fouilles corporelles. Le règlement «va au-delà de la portée de l’autorisation et de la couverture légale de prendre une mesure de ce genre, ce qui est une restriction sur l’état des droits des détenus», il a dit Margarita Uria, auteur du rapport.

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La comisión de estudios del Poder Judicial ha respaldado el informe elaborado por Uría, que presumiblemente será validado en el pleno del órgano que se celebrará en los próximos días.

El reglamento “no define ni determina cuáles son las circunstancias excepcionales” en que los inmigrantes detenidos puedan ser sometidos a registros corporales “cuando se estime que pudieran esconder objetos o sustancias prohibidas o no autorizadas”, como contempla el reglamento. La vocal Uría requiere que esta medida debería estar contemplada en una ley de mayor rango para reforzar las garantías jurídicas de los detenidos, a la vez que añade que “debería adoptarse con el debido control judicial”, no siendo suficiente que después se remita al juez un escrito dándole cuenta de los motivos y el resultado del cacheo.

El dictamen también considera que el reglamento elaborado por el Gobierno “contiene cláusulas indeterminadas” que podrían justificar la restricción de las visitas a los inmigrantes, basándose en unas difusas razones de “seguridad” y “buen orden” que incrementan “el ámbito de discrecionalidad” por parte del director o los funcionarios a su cargo.

La vocal Uría estima, además, que el reglamento limita el derecho de los extranjeros a formular reclamaciones y recursos, al permitir a las autoridades del centro un amplio margen de discrecionalidad a la hora de tramitar estas quejas. Por eso, la autora del informe “sugiere reconsiderar la redacción actual del reglamento y optar por un texto más abierto que garantice la comunicación directa de los internos con las autoridades destinatarias de sus escritos, así como el secreto de la misma”.

Fuente: El País