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Reformas legislativas en Argentina en torno a la acción de extinción de dominio sobre los bienes provenientes de la trata

viernes, 20 de junio de 2014

¿Cómo enfrentar al negocio de la prostitución ilegal de mujeres y niños, que cuenta con un enorme poder económico? Esta es la pregunta que se formula Roberto Durrieu en un artículo que publica hoy en el diario argentino de La Nación, titulado «El dinero de la trata». La trata de seres humanos constituye hoy día uno de los delitos más rentables desde un punto de vista económico; y no cabe duda que, en la lucha contra este crimen, uno de los objetivos prioritarios debe ser atacar el fruto económico del mismo. En esta línea, se han presentado en Argentina tres proyectos de ley en los que se regula la acción de «extinción de dominio» o decomiso civil a favor del Estado de los bienes incorporados al patrimonio de personas a través de la comisión del delito de trata de personas -así como del narcotráfico y de la corrupción-.

DES RÉFORMES LÉGISLATIVES EN ARGENTINE AUTOUR DE L’ACTION D’EXTINCTION DU DOMAINE AUX BIENS PROVENANTS DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS. Comment être en face de l’affaire de la prostitution illégale de femmes et d’enfants, qui dispose d’un énorme pouvoir économique? C’est la question que Robert Durrieu formule dans un article qu’il publie aujourd’hui chez le journal argentin de «La Nación», avec le titre «L’argent de la traite». La traite d’êtres humains constitue de nos jours l’un des délits les plus rentables d’un point de vue économique; et il ne tient pas doute que, dans la lutte contre ce crime, l’un des objectifs prioritaires doive être d’attaquer le fruit économique de même. Dans cette ligne, trois projets de loi se sont présentés en Argentine pour régler l’action de «extinction de domaine» ou une confiscation civile en faveur de l’État des biens incorporés au patrimoine de personnes à travers de la commission du délit de traite -ainsi que du trafic de stupéfiants et de la corruption- [Le texte continue en espagnol].

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El autor del artículo mencionado continúa su exposición, señalando que Según estimaciones de las Naciones Unidas, se trafican anualmente entre 1 y 2 millones de personas, especialmente mujeres y niños. En el país no hay cifras oficiales. Además, se estima que el flagelo de la ‘esclavitud del siglo XXI’ genera ganancias superiores a los USD 32.000 millones anuales y se ubica entre las tres fuentes de ingresos principales de la delincuencia, seguido por el tráfico de drogas y armas.

El avance de este fenómeno trae aparejado que las investigaciones penales sean cada vez más dificultosas. Los grupos dedicados a la trata cuentan con recursos técnicos, financieros y de lobby con capacidad para perturbar la correcta administración de justicia. Sobornan a funcionarios públicos y extorsionan a sus víctimas para que no pongan en aviso de sus crímenes a la autoridad judicial. Un ejemplo claro de la impunidad con la que se desplazan los traficantes de personas, son las más de 35 denuncias penales impulsadas por la fundación La Alameda, sin que exista siquiera orden preventiva de clausura por parte de la Justicia sobre los burdeles clandestinos denunciados.

¿Cómo enfrentar al negocio de la prostitución ilegal de mujeres y niños, que cuenta con un enorme poder económico? Una manera efectiva es atacando su «talón de Aquiles»: el fruto económico de sus crímenes. La acumulación de bienes es el objetivo primordial de toda banda criminal: «si no hay dinero, no hay incentivo para cometer delitos». Y mientras más capital se obtenga por la comercialización ilegal de sexo, más necesidad de crear estructuras criminales flexibles, profesionales e impunes.

Sobre esta hipótesis se acaba de movilizar el Congreso Nacional, donde se debaten al menos tres proyectos de ley presentados por los legisladores Gerardo Morales, Rubén Giustiniani (FA-Unen) y Rodolfo Urtubey (FpV) que regula la acción de «extinción de dominio» o decomiso civil a favor del Estado de los bienes incorporados al patrimonio de personas a través de la comisión del narcolavado, corrupción y trata de personas. La iniciativa está bien rumbeada, ya que busca el decomiso civil de bienes ligados a la criminalidad más experimentada mediante procesos sumarísimos, que tramitan por fuera de los burocráticos procesos penales. El fuero penal persigue el castigo individual, mientras que el decomiso civil pretende evitar que quienes se enriquecen por medios ilícitos puedan convertirse en modelos sociales.

Pero la aprobación de la ley de «decomiso exprés» no soluciona, per se, el grave problema del tráfico de mujeres de nuestro país. Resulta clave, por otro lado, el trabajo coordinado y efectivo del Ministerio de Seguridad, la unidad antilavado (UIF), la AFIP y la Procuraduría contra la Criminalidad Económica (Procelac). Estos cuatro organismos tienen funciones concretas en el «seguimiento y decomiso del dinero criminal».

Hay que apostar -concluye Roberto Darriu- por la investigación patrimonial e inteligente de los delitos complejos. Hay que apostar, además, al arribo a buen puerto de muchos otros casos como el impulsado por la fundación liderada por Susana Trimarco. Hay que apostar, en definitiva, a que los índices de inseguridad y violencia disminuyan a cifras lógicas y compatibles con la añorada «paz social».

El contenido de los proyectos en trámite puede ser consultado en el siguiente enlace / Le contenu de les projets signalés peut être consulté sur le lien suivant.

Fuente: La Nación ; Cámara de Diputados de la Nación de la República Argentina