«Este mes de octubre vence el plazo para que el Gobierno español comunique al Consejo de Europa qué medidas ha adoptado para cumplir con las recomendaciones que le hizo el Comité de las Partes del Convenio del Consejo de Europa sobre Trata de Seres Humanos, en base al informe del Grupo de Expertos/as “GRETA”, de acuerdo con el mecanismo de supervisión para la correcta implementación de dicho convenio internacional. De acuerdo con el mecanismo de seguimiento de la Convención, España ha contado con dos años para llevar a cabo dichas recomendaciones que le fueron formuladas el 7 de octubre de 2013.

Destacamos las siguientes recomendaciones y aspectos señalados por el Comité de las Partes del Convenio y por el grupo de expertos/as, como áreas en las que España tenía que avanzar y mejorar en la implementación del Convenio:

– Adoptar un enfoque integral en la lucha contra la trata, en concreto incrementando la atención sobre la trata con fines de explotación laboral y reforzando las medidas de prevención y protección dirigidas a abordar la especial vulnerabilidad de los y las menores víctimas de trata.

– Mejorar la identificación de las víctimas de trata, reforzando un enfoque de derechos humanos y multidisciplinar, formando a profesionales relevantes en la materia e incidiendo en la necesidad de adoptar un enfoque proactivo para detectar a las víctimas, especialmente entre los y las migrantes en situación irregular y los y las menores no acompañados y reconociendo un rol formal en el proceso, entre otros actores, a las ONGs.

– Proporcionar asistencia adecuada a todas las victimas de trata, con independencia del tipo de explotación que hayan sufrido, de su edad, género, nacionalidad y teniendo en cuenta las necesidades especiales de los y las menores.

– Garantizar que todas las presuntas víctimas de trata sean informadas sistemáticamente de la posibilidad que tienen de beneficiarse del periodo de restablecimiento y reflexión y que les sea concedido dicho periodo de forma efectiva, sin que tengan que formular una solicitud para ello.

-Adoptar medidas que garanticen vías para que las víctimas accedan de forma efectiva a su derecho a compensación.

– Proteger de forma efectiva a víctimas y testigos de trata de seres humanos, tanto adultos como menores, durante los procesos penales y con posterioridad al juicio en caso necesario.

– Reforzar la coordinación y cooperación entre las autoridades estatales y autonómicas, incluyendo a la Policía Nacional, la guardia Civil y las policía autonómicas.

– Reforzar la coordinación y cooperación entre todas las autoridades competentes y la sociedad civil, en concreto clarificando la participación de la sociedad civil en el desarrollo, implementación de las medidas y políticas de lucha contra la trata e incluyendo a la sociedad civil en el proceso de seguimiento del Protocolo Marco de Protección a Víctimas de Trata.

Consulta las recomendaciones del Comité de las partes del Convenio de Lucha contra la Trata del Consejo de Europa y una traducción al español de los aspectos fundamentales del informe de GRETA sobre España aquí

Avances legislativos en materia de trata en 2015

Entre los avances y modificaciones legislativas que se han llevado a cabo en el último año destacan la reforma del Código Penal[i] que ha incluido en la definición de “trata de seres humanos” del artículo 177 bis, en coherencia con la Directiva Europea 2011/36/EU, la trata para   matrimonios forzados o la trata para explotar a la persona en la comisión de actividades delictivas.

Asimismo, se ha introducido un nuevo artículo, el 127 bis, que prevé avances importantes en relación con el decomiso de bienes, efectos y ganancias de una persona que resulte condenada por delitos de trata de seres humanos, entre otros, al establecer que el decomiso se llevará a cabo cuando se valore a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes o efectos provienen de una actividad delictiva, y no se acredite su origen lícito.

A través de la aprobación de la Ley de Infancia[ii] se han introducido dos aspectos fundamentales en relación con la protección de las víctimas de trata:

• Ampliación del Periodo de Reflexión a 90 días. Se ha ampliado de 30 a 90 días el periodo de restablecimiento y reflexión para las víctimas de trata, lo que supone un avance importante para reforzar su protección. El periodo de restablecimiento y reflexión tiene como objetivo facilitar la recuperación física, psicológica y emocional de una víctima de trata, permitirle escapar de la influencia de los tratantes y que pueda tomar una decisión meditada y sopesada sobre si colabora o no con las autoridades en la investigación y persecución de los autores del delito. Durante el periodo de reflexión la víctima de trata no podrá ser expulsada del país en que se encuentra, y deberá tener acceso a unas mínimas medidas de asistencia y protección.  
• Bonificación a empresas que contraten a Víctimas de Trata. Se han introducido bonificaciones para empresas que contraten a víctimas de trata, con el objetivo de facilitar y promover la contratación de un colectivo especialmente vulnerable en el acceso al mercado de trabajo. La nueva legislación incluye medidas de bonificación en las cuotas de la Seguridad Social para los que den empleo a víctimas de trata de seres humanos (1.500 euros al año si el contrato es indefinido y 600 euros al año si es temporal). 

II Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual 2015-2018. El pasado 18 de septiembre fue aprobado en Consejo de Ministros el II Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual 2015-2018.

Desde el Proyecto Esperanza valoramos positivamente el II Plan y el hecho de que venga a cubrir el vacío de tres años que quedó tras la finalización del plan anterior que abarcó el periodo 2009-2012. Dicho Plan se asienta en cinco ejes esenciales: Detección y Prevención, Identificación, protección y asistencia a víctimas, Mejora del Conocimiento. Respuesta eficaz, Persecución del delito y Cooperación y Coordinación. En total contiene 143 medidas y cuenta con una dotación económica entorno a los 104 millones de euros, sumados los cuatro años de aplicación del Plan.

Entre las medidas del Plan destacamos positivamente por su incidencia en el refuerzo de la detección, identificación y protección de las víctimas las siguientes:

• Medidas de Formación: Formación específica al personal responsable de la tramitación de los expedientes de solicitud de protección internacional, personal encargado de realizar las entrevistas en puestos fronterizos, Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), Oficinas de Extranjería y dependencias policiales; Capacitación específica a agentes de frontera; Capacitación a profesionales de la red pública de centros de migraciones (CETIS) y Centros de Internamiento de extranjeros.
• Mejora de la detección en frontera de posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual en frontera, en costas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, mediante el acceso de las organizaciones especializadas en la materia con carácter previo a la entrevista de identificación formal que realiza la autoridad policial competente.
• Elaboración de instrucciones en desarrollo del procedimiento para la identificación formal de posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual, que tomen en consideración las aportaciones de las organizaciones especializadas desde el momento en que se produce la detección.
• Adopción de medidas para facilitar el acceso de las organizaciones especializadas a las mujeres rechazadas en frontera, a fin de reforzar la detección de posibles víctimas de trata de seres humanos.
• Incorporación de medidas en relación a menores de edad víctimas de trata dentro de las medidas dirigidas a la atención de las situaciones de mayor vulnerabilidad, centradas en la formación de profesionales la elaboración de un Protocolo para la detección identificación y atención a menores víctimas de trata. Establecimiento de un procedimiento ágil que garantice el traslado del menor, dentro del territorio nacional y siempre que sea aconsejable por razones de seguridad, al recurso residencial especializado más adecuado a sus necesidades.
• Impulsar la participación de las víctimas de trata de seres humanos, en condición de beneficiarias de los productos decomisados procedentes de la actividad delictiva, para su recuperación, asistencia y protección. Esperamos que esta medida vaya en la línea de garantizar que las víctimas de trata puedan obtener de forma directa compensación e indemnizaciones por el daño sufrido como consecuencia del delito.

Lamentamos, sin embargo, que el Plan no haya incorporado aportaciones realizadas desde la sociedad civil que consideramos fundamentales:

• El Plan no incorpora ninguna medida dirigida a aprobar una Ley Integral contra la Trata, instrumento que por su rango y carácter vinculante daría una respuesta más eficaz y coordinada a esta grave violación de derechos humanos. Una Ley Integral permitiría abordar este fenómeno desde un enfoque de derechos humanos, centrado en cada persona, incluyendo todas las formas de explotación y dando respuesta a las necesidades de protección de cada víctima con independencia de su sexo, edad, origen y situación administrativa.
• El Plan se centra de nuevo exclusivamente en la trata con fines de explotación sexual cuando, según todos los compromisos europeos e internacionales, el Estado Español está obligado a abordar esta grave violación de los derechos humanos de manera global e integral, haciendo frente a la trata de personas en todas sus formas y manifestaciones. Nos preocupa que el enfoque restrictivo del Plan puede contribuir a ocultar otros fines de explotación y a retrasar la articulación y sistematización de respuestas integrales a otras formas de trata como la que se realiza con fines de explotación laboral, la mendicidad forzada, matrimonio forzado, comisión  de actividades delictivas o  extracción y comercio de órganos.  Se rompe además la coherencia que el propio Gobierno inició a través del Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de la Trata de Seres Humanos que abarca todas las formas de trata.
• Consideramos que la coordinación y cooperación entre las autoridades competentes y las entidades de la sociedad civil especializadas en la atención a las víctimas no ha quedado suficientemente reforzada en el plan. Establecer y sistematizar mecanismos por los que las entidades especializadas puedan estar presentes en todos los casos, participando activamente y ofreciendo sus servicios a todas las víctimas resulta imprescindible para hacer efectivos sus derechos.
• El plan no incorpora una memoria económica con partidas presupuestarias detalladas, además la partida de 2 millones de euros que se vienen consignando anualmente por Delegación del Gobierno para la Violencia de Género para la atención de las víctimas de esta violación de derechos humanos no ha aumentado. En la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado no ha sido aceptado ninguna de las enmienda que solicitaban un incremento de esa partida.
• En cuanto a la evaluación y seguimiento del plan nos preocupa la ausencia de indicadores que permitan una evaluación objetiva del cumplimiento de las medidas del plan y la falta de previsión para llevar a cabo una evaluación externa del mismo.

La Ley Integral contra la Trata asignatura pendiente para la próxima legislatura.

Desde entidades especializadas como el Proyecto Esperanza Adoratrices apelamos a todos los partidos políticos, de cara a la elaboración de sus programas electorales y a la nueva legislatura para que asuman la lucha contra la trata desde una perspectiva de derechos humanos como una prioridad de primer orden y se comprometan a aprobar una Ley Integral contra la Trata que coordine las actuaciones de todas las instituciones implicadas, que asigne y reconozca un rol formal a las organizaciones especializadas en el apoyo a las víctimas y que aúne en un solo texto la dispersión normativa existente en la materia, garantizando la adecuada protección de todas las víctimas del delito y la lucha eficaz contra esta violación de los derechos humanos.

La Subcomisión del Congreso para el Análisis y Estudio de la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual recoge como primera recomendación, en su informe de julio de 2015, la de elaborar una Ley específica de Trata. Lamentablemente el informe de la subcomisión, debatido en el Congreso de los Diputados el día 1 de octubre fue aprobado únicamente con los votos a favor del Partido Popular y UPyD, pero todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo e hicieron alusión en el debate a la necesidad de aprobar una Ley Integral de Lucha contra la Trata.

Informe de la subcomisión aquí«