La investigación policial se inició en septiembre de 2025 tras la declaración de varias víctimas, que pusieron de manifiesto la existencia de un entramado criminal de carácter internacional dedicado a la captación de mujeres de origen sudamericano para su explotación sexual en España. Las víctimas eran captadas mediante aplicaciones de mensajería instantánea, donde los miembros de la organización criminal establecían contactos con mujeres en situación de vulnerabilidad personal, económica y social. A través de engaños y técnicas de manipulación conseguían ganarse su confianza y persuadirlas para viajar a España.

LA POLICE NATIONALE ESPAGNOLE DÉMANTÈLE UN RÉSEAU CRIMINEL QUI EXPLOITAIT SEXUELLEMENT DES FEMMES RECRUTÉES EN AMÉRIQUE DU SUD. L’enquête policière a été ouverte en septembre 2025 à la suite des déclarations de plusieurs victimes, qui ont mis en lumière l’existence d’un réseau criminel international se livrant au recrutement de femmes d’origine sud-américaine en vue de leur exploitation sexuelle en Espagne. Les victimes étaient recrutées via des applications de messagerie instantanée, où les membres de l’organisation criminelle établissaient des contacts avec des femmes en situation de vulnérabilité personnelle, économique et sociale. À l’aide de tromperies et de techniques de manipulation, ils parvenaient à gagner leur confiance et à les persuader de se rendre en Espagne [Le texte continue en espagnol]

——————-

Para facilitar su traslado, la red criminal les proporcionaba los billetes de ida y vuelta, la reserva del hotel y un seguro médico de viaje, todo ello con el objetivo de simular un viaje meramente turístico y evitar con ello, sospechas en los controles fronterizos.

Amenazas a las víctimas y a sus familias

Una vez en España, las víctimas contraían una deuda que ascendía a 7.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución para el entramado criminal. La investigación ha permitido determinar que las mujeres eran explotadas sexualmente en diferentes clubes y en pisos prostíbulo situados en Castellón, Madrid y Sevilla. En muchos casos permanecían durante varios días o semanas en una vivienda antes de ser trasladadas a otros pisos gestionados por miembros de la organización.

Las mujeres tenían su libertad limitada a dos horas diarias de descanso y debían trabajar las 24 horas al día, los siete días de la semana. Además, los gastos de manutención y el material profiláctico corrían a cargo de las propias víctimas. El reparto de los beneficios de los servicios sexuales era, teóricamente, del 50 por ciento para las mujeres y del 50 por ciento para la responsable del piso, aunque esta condición rara vez se cumplía.

Las víctimas también eran obligadas a ceder su imagen para publicar anuncios en páginas web de contactos encontrándose permanentemente vigiladas por la persona responsable del inmueble. De la misma forma, debían aceptar cualquier tipo de servicio sexual, incluso sin material de protección o estando enfermas o durante la menstruación y estaban obligadas a consumir, transportar y ofrecer sustancias estupefacientes, siendo sancionadas en caso de negarse.

Durante la investigación se constató que algunas de las víctimas vivían con un gran temor a posibles represalias por parte de la organización. En algunos casos llegaron a recibir fotografías de sus familiares en sus países de origen con el objetivo de intimidarlas y garantizar que continuaran ejerciendo la prostitución sin denunciar los hechos. Además, los investigados exigían el pago periódico de la deuda mediante llamadas telefónicas y realizaban traslados continuos de las mujeres entre distintos prostíbulos del territorio nacional.

Once detenidos y cuatro en prisión

Como resultado de las gestiones policiales se practicaron cuatro diligencias de entrada y registro en la provincia de Castellón, donde fueron liberadas tres víctimas. Finalmente, se procedió a la detención de 11 personas en las provincias de Castellón (6), Madrid (2), Sevilla (2) y Alicante (1), cuatro de los cuales se encuentran en prisión provisional como presuntos responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución, pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y delitos contra la salud pública.

En el operativo policial se intervinieron dos teléfonos móviles, un datáfono utilizado para el cobro de los servicios sexuales y documentación relacionada con la actividad criminal.

Con la trata no hay trato

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

Fuente: Ministerio del Interior. Policía Nacional