El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha intervenido, en nombre de la Unión Europea, en el XII Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Salvador (Brasil), donde ha defendido una estrategia hacia las víctimas “integrada y coordinada, de tal manera que queden garantizados sus derechos y aumente el apoyo a las personas que son víctimas de delitos”.

Le secrétaire d’État de Justice d’Espagne, Juan Carlos Campo, est intervenu, au nom de l’Union Européenne, au XII Congrès des Nations Unies pour la Prévention du Délit et de Justice Pénale, célébré au Salvador (le Brésil), où il(elle) a défendu une stratégie vers les victimes «intégrée et coordonnée, tellement que ses droits restent garantis et il augmente, l’appui aux personnes qui sont victimes de délits».

El Congreso, clausurado hoy, se ha celebrado bajo el título: “Estrategias amplias ante problemas globales: los sistemas de prevención del delito y justicia penal y su desarrollo en un mundo en evolución”.

Ante los 192 Estados miembros de Naciones Unidas, Juan Carlos Campo se refirió, en particular, a la infraestructura eficiente que constituyen Eurojust, la Red Judicial Europea y Europol. Por ello, en los próximos años, la Unión Europea continuará desarrollando Eurojust, con la apertura de investigaciones y la resolución de conflictos de competencia. También se abordará la creación de una Fiscalía Europea.

En su discurso, Juan Carlos Campo hizo mención también a la necesidad de establecer un mecanismo de control de la aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con el fin de velar por el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los Estados parte.
El congreso de Naciones Unidas ha aprobado una declaración política única que contiene recomendaciones relativas a los distintos temas abordados durante sus diferentes sesiones y seminarios: los niños, los jóvenes y la delincuencia, el terrorismo, la prevención del delito, el tráfico de emigrantes ilegales y la trata de personas, el blanqueo de dinero, el delito cibernético, la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia y la violencia contra los emigrantes y sus familiares.
En dicha declaración, los 192 Estados miembros se refieren a la importancia de luchar contra la violencia de género, apoyar a las víctimas así como a la necesidad de involucrar a la sociedad civil y a los medios de comunicación para alejar a los niños y jóvenes de la exposición al crimen y la violencia. Asimismo, se fijan principios comunes para la lucha, a nivel mundial, contra las formas más contemporáneas del crimen transnacional (trata de seres humanos, ciber-delito, blanqueo de capitales, piratería, delitos medioambientales, etc.)