En el contexto internacional, siguen llegando noticias sobre la trata y su persecución penal. En esta ocasión, provienen de Ecuador, un país en el que se contabilizan al menos 6 000 víctimas de trata al año, según datos proporcionados por el Gobierno y publicados por el Diario El Comerio. En este sentido, Diego Falconí, subsecretario de Garantías Democráticas del Ministerio del Interior, asegura que es difícil dar una cifra exacta, porque “es un delito invisible y tolerado. Son varios miles de víctimas en el país”. Lo que sí asegura es que el 66% de personas explotadas son mujeres. “Ellas, por lo general, son menores de edad”, explica Mariana Sandoval, portavoz de la Fundación Esperanza. En una investigación que este grupo realizó en el 2002 a escala nacional halló que unas 5 200 adolescentes estaban en redes de trata para explotación sexual. Ese análisis lo hizo por pedido de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
ENVIRON 6.000 VICTIMES DE LA TRAITE CHAQUE ANNÉE EN ÉQUATEUR. Dans le contexte international, il ya encore des nouvelles sur la traite d’êtres humains. Cette fois-ci, proviennent d’Equateur, un pays dans lequel il y a au moins 6000 victimes de la traite chaque année, selon les données fournies par le gouvernement et publiéés par le quotidien El Comercio. En ce sens, Diego Falconi, secrétaire des garanties démocratiques du ministère de l’Intérieur, affirme qu’il est difficile de donner un chiffre exact, parce que «c’est un crime invisible et tolérée. Plusieurs milliers de victimes dans le pays». Ce qu’il y a dit, c’est que le 66% des gens qui sont exploités sont femmes. «En général, ils sont mineurs», a déclaré Mariana Sandoval, porte-parole de la Fondation Espoir. Dans ce groupe de recherche menée en 2002 il a révélé que 5.200 adolescents étaient dans les réseaux de traite aux fins d’exploitation sexuelle. Cette analyse a pour l’Organisation internationale du Travail (OIT).
Los datos proporcionados son preocupantes. Desde el 2010, la Fiscalía ha registrado 289 casos de presunta trata de personas a escala nacional. De ese total, apenas cinco han llegado a condenas. Es decir, solo en el 1,7% de los procesos hubo sentencias en firme. En el 2011 no hubo una sola condena, pese a que 115 casos ingresaron a la Fiscalía. Es más, 56 de ellos fueron desestimados.
Las razones de la impunidad
En la investigación de la Fundación se identificaron tres causas para que los juicios no terminen: falta de cifras que permitan políticas de Estado, escasa investigación policial y especializada, como la existente para el narcotráfico; y la desprotección de las víctimas. Pero según la Fiscalía, el desconocimiento de los jueces sobre el delito es otra razón. “Existe una confusión con la norma. Se reconoce el trabajo sexual voluntario, pero si se vulnera por cualquier razón esa voluntad, ya es trata. Esto confunde”, explicó un fiscal. Con Cristian J. sucedió algo diferente. En junio del 2011 fue absuelto por el Tribunal Segundo de Garantías Penales. La Fiscalía dice que esto sucedió, porque los jueces dijeron que no hallaron “suficientes indicios” del lucro y porque la menor no tenía una identidad. La Fiscalía apeló esta resolución y en abril del 2012 la Corte de Pichincha dictó 12 años de reclusión mayor extraordinaria en su contra. Esta es la única sanción en firme de este año. Para Renato Vásquez, juez de la Segunda Sala Penal de la Corte de Pichincha, el aporte de los afectados es clave en el juzgamiento. “Las víctimas no asumen su papel y creen que contribuyeron a ese delito”, asevera. Por eso opina que se requiere de un equipo de psicólogos que ayuden a los afectados , con la finalidad de que declaren y que el juez y los fiscales puedan sustentar los casos. La Fundación Nuestro Jóvenes calcula que el 99% de los casos que han llegado allí quedaron en la impunidad. Margarita Carranco, su presidenta, dice que 500 adolescentes han sido protegidas en este lugar desde el 2005. “Pero son miles”, enfatiza. “Si el Estado ordenara operativos a escala nacional en los clubes nocturnos, la Fundación sería insuficiente”. Eso, para Carranco, significa que las menores de edad están en desprotección en el Ecuador.
Sanciones para los delitos
En el Código Penal vigente, la trata de personas se sanciona con penas de entre 6 a 16 años de cárcel. En la propuesta que reposa en la Asamblea, el Código Penal Integral (CPI) endurece las penas y estas van de 19 a 28 años. Benerice Cordero, de Protección Integral de la Unicef, cree que esta propuesta es un avance. Recuerda que en el 2005 fue la primera vez que ese delito fue tipificado. Ocurrió después del caso Burdet-Cedeño, donde la pareja fue acusada en el 2004 de integrar una red de pornografía infantil en Galápagos y que involucraba a 50 menores. “La Fiscal de entonces tuvo que usar otras figuras legales para acusarlos. Ahí el país tomó conciencia del delito”.
Fuente: Diario El Comercio
