Según publica hoy El Mundo, el Ministerio del Interior ha remitido un escrito a un juzgado de Madrid con cifras sobre el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de esta localidad que confirman lo que ya han denunciado las ONG: sólo la mitad de los sin papeles que son recluidos en estas instalaciones acaba siendo devuelto a su país de origen.

4.037 IMMIGRANTS DÉTENUS ET DÉPORTÉS SEULEMENT 2.398. Comme rapporté dans «El Mundo» d’aujourd’hui, le ministère de l’Intérieur a envoyé une lettre à une cour de Madrid avec des chiffres sur le centre de détention étrangers (CIE) dans cette région que confirment ce qui a été déjà dénoncé par les ONG: la moitié seulement de ceux qui n’ont pas des papiers qui sont tenues dans ces installations finissent par être renvoyés dans leur pays d’origine.

Según este documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en 2010 ingresaron 4.037 inmigrantes en situación irregular y, durante el mismo periodo, fueron deportados 2.398. Un total de 1.652 fue puesto en libertad, bien «por resolución judicial», bien «por no poder materializarse la expulsión». Así consta en un oficio de 2 de noviembre de 2011 enviado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, dependiente del Cuerpo Nacional de Policía, al juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, uno de los tres que vigila el funcionamiento del CIE de Madrid.

La razón de ser de este CIE, y de los otros ocho que hay en España, es retener de manera cautelar durante un máximo de 60 días a los extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional mientras se realiza la tramitación.

Pero los datos de la Policía revelan que buena parte de los que ingresan en el centro de Madrid no son expulsados. En concreto, 892 fueron puestos en libertad «por resolución judicial»; es decir: un juez revocó la orden inicial de internamiento que dictó otro juez.

Además, otros 760 inmigrantes quedaron libres «por no poder materializarse la expulsión» debido a varias razones. Dentro de este grupo, 587 salieron del CIE «por imposibilidad de documentar», tal y como reconoce el escrito. Según fuentes jurídicas, se trata de sin papeles que no tienen identidad ni nacionalidad reconocida, fundamentalmente subsaharianos que vienen a España sin pasaporte. Para su identificación se pide ayuda a los consulados y sólo una vez que los países de origen los reconocen como ciudadanos propios se puede proceder a la expulsión. Si no, obligatoriamente son puestos en libertad y se convierten eninexpulsables, condenados a vivir en un limbo jurídico porque no pueden volver a su país pero tampoco regular su situación en España.

En ese mismo limbo se encuentran los otros 124 sin papeles que también salieron del CIE, según los datos de la Policía, «por no poder materializarse la expulsión» al quedar «agotado el plazo de internamiento». Es decir, estuvieron en el centro hasta el tope de 60 días que marca la ley y ya no podrán volver nunca más a él, pero tampoco podrán ser regularizados.

Las cifras se completan con otro inmigrante que quedó en libertad «por expulsión fallida»; seis que salieron «por orden administrativa», que es cuando la Delegación del Gobierno revoca el internamiento por causas excepcionales; 34 que fueron sacados del CIE «por ingreso en prisión»; cuatro por «fuga», y cuatro por «traslado», probablemente a otro centro de internamiento.

Estas cifras, cuya existencia ha sido negada en reiteradas ocasiones por los responsables de Interior, confirman las que esgrimen las ONG para denunciar la «ineficacia» de estos centros. El mes pasado, la ONG de los jesuitas Pueblos Unidos publicó un informe en el que aseguraba que sólo el 53% de los ingresados en el CIE de Madrid acaba siendo expulsado. Un año antes, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) dio también ese mismo porcentaje en relación a los CIE de toda España.

Los colectivos sociales llevan tiempo pidiendo que se regulen estos centros, como exige la Ley de Extranjería, ya que en ellos se producen «todo tipo de arbitrariedades». Sin ir más lejos, dos inmigrantes han muerto en los últimos días: una congoleña en el CIE de Madrid por tuberculosis y otro en el CIE de Barcelona por causas que investiga el juez.

Más de 450.000 firmas avalan el cierre de estos establecimientos, y a esta petición se ha sumado el Grupo Parlamentario de IU-ICV-CHA: la Izquierda Plural, con cuatro paquetes de preguntas al Gobierno y una proposición no de ley en la que denuncia «las condiciones infrahumanas» en que viven los internos e insta al Ejecutivo a «garantizar la integridad física» de los recluidos y a sustituir los CIE «por otros equipamientos que salvaguarden la salud, la libertad y la dignidad de los extranjeros».

«Estamos convencidos de que estos centros tienen un funcionamiento aún peor que el de las cárceles. Hay una utilización abusiva del internamiento», señala a este diario Gaspar Llamazares, diputado de IU.

Lo dicen hasta los policías: «Son similares a Guantánamo por el limbo jurídico en el que están los inmigrantes, privados de libertad pero sin ninguna condena», afirma José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP).

Fuente: El Mundo