El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado  la reforma  de la ley de extranjería  para mejorar la protección de las mujeres inmigrantes en situación irregular que sean víctimas de violencia machista o de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. El pleno ha aprobado, por 339 votos a favor y una abstención, la modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la ley, por la cual las autoridades no abrirán expediente de expulsión a una inmigrante sin papeles cuando denuncie sufrir malos tratos o ser víctima de trata. Se amplía la protección para incluir a los hijos y familiares a cargo en los casos de violencia machista y se concede un permiso de residencia y de trabajo temporal hasta la resolución del caso.

La réunion plénière du Congrès des Députés de l’Espagne a approuvé d’une forme définitive la réforme de la loi d’extranéité pour améliorer la protection des femmes immigrantes dans une situation irrégulière qui sont des victimes de violence machiste ou du commerce des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. La réunion plénière a approuvé, par 339 votes pour et une abstention, la modification des articles 31 bis et 59 bis de la loi, par laquelle les autorités n’ouvriront pas de dossier d’expulsion à une immigrante sans des papiers quand elle dénonce subir des mauvais traitements ou être victime de fait le commerce. La protection est agrandie pour inclure les enfants et les parents qui sont une charge pour les femmes dans les cas de violence  machiste et on accorde une permission de résidence et de travail temporaire jusqu’à la résolution du cas.

En cuanto a los casos de trata, el pleno ha aprobado también una enmienda proveniente del Senado en la que se acuerda que no se inicie expediente sancionador «tanto durante la fase de identificación de las víctimas, como durante el periodo de restablecimiento y reflexión». En el caso de que ya se hubiera abierto el expediente, se paralizará. El periodo de restablecimiento y reflexión que establece la ley es de, al menos 30 días, y deberá ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal.

La autorización de estancia de las víctimas de trata se hará extensivo a los hijos menores de edad o con discapacidad, así como el retorno asistido o la autorización de residencia (permiso de trabajo en el caso de que sean mayores de 16 años). La protección de las mujeres además de a los hijos se amplía a las personas de su entorno que se puedan ver afectadas por la decisión de estas víctimas de denunciar. Asimismo, la víctima y las personas protegidas tendrán derecho a medios de subsistencia mientras dure el proceso. Cuando concluya el periodo de reflexión, las administraciones públicas estudiarán una posible ampliación del plazo.

Fuente: La Vanguardia