Según publicó El País el pasado viernes, en referencia a la comparecencia de la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el Gobierno ha recordado a las comunidades insumisas que deberán asumir el coste de la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles  si deciden seguir prestando ese servicio al margen del sistema de aseguramiento implantado por Sanidad a partir del 1 de septiembre. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha advertido que, aunque seguirán recibiendo asistencia sanitaria a partir de septiembre pese a no tener tarjeta sanitaria, «tendrán que buscar los mecanismos necesarios para el reintegro y reembolso de los gastos ocasionados» salvo que las comunidades decidan sufragar dicha atención.

Tel que rapporté dans El Pais le vendredi, se référant à l’apparition du vice-présidente du Gouvernement de l’Espagne Soraya Sáenz de Santamaría, le gouvernement a rappelé les communautés rebelles qui doivent supporter le coût des soins de santé pour les sans-papiers s’ils décident de poursuivre leur service contre le système d’assurance établi par le Ministère de la Santé à partir le 1  Septembre. La Vice-président Soraya Saenz de Santamaria a averti que bien que continuer à recevoir des soins de santé à partir de Septembre malgré l’absence de carte d’assurance, «devra trouver des mécanismes pour la réintégration et le remboursement des dépenses« à moins que la couverture soit payé par les communautés qui décident l’attention.

Santamaría ha apuntado además que no tienen derecho a tarjeta sanitaria quienes no residan legalmente en España, aunque eso «no quiere decir que no tengan derecho a asistencia». Cuando se preste asistencia sanitaria a los que no tienen residencia legal, ha añadido, esa cobertura se tendrá que abonar . «No va a haber desatención sanitaria», ha insistido antes de dejar claro que comunidades que no quieran cobrar la asistencia sanitaria a los extranjeros irregulares a los que atienden o sus países de origen, «deberán definir cómo lo van a sufragar» en «su ámbito de competencia». Aun así, Sanidad anulará mañana la tarjeta sanitaria de los inmigrantes en situación irregular y de todos aquellos extranjeros que no cotizan a la Seguridad Social por considerar que no pueden ser beneficiarios del Sistema Nacional de Salud (SNS).

«Cuando van a otro país, España paga por ustedes», ha aseverado la vicepresidenta, apuntando que «o pagan sus estados de origen a través de los convenios bilaterales o de los sistemas de compensación de la Unión Europea, o pagan los propios extranjeros, a los que se pasa ese coste, o bien las comunidades pueden, en su ámbito de competencias, decidir como van a sufragar esta atención sanitaria».

En este sentido, ha querido precisar que las comunidades pueden decidir si costearles esta asistencia pero no a darles una tarjeta sanitaria y, por tanto, «a exportar los derechos que ésta le confiere». «No tener derecho a la tarjeta sanitaria no quiere decir que no lo tengan a la asistencia sanitaria, sino que no lo tienen utilizando una tarjeta que les confiere derechos para uno mismo y para sus familiares», ha precisado.

La rebelión de las comunidades autónomas ante la decisión de no atender en los servicios sanitarios a los inmigrantes sin papeles cuenta desde ayer con un aliado de peso: Galicia, gobernada por el PP, anunció que no retirará la prestación. Se une así al grupo de las comunidades gobernadas por otros partidos (País Vasco, Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias) que han anunciado que harán lo mismo.

Cuando falta un día para que la medida entre en vigor, existe hay un serio peligro de que alguno de estos anuncios se quede en papel mojado. Porque mantener la atención a los inmigrantes sin papeles —unos 150.000 no comunitarios, según ha calculado este periódico— exige un montaje burocrático que no se soluciona con palabras. Con la informatización del sistema, la clave del acceso no es la buena voluntad de un consejero o de un funcionario, sino algo que no se puede improvisar: la tarjeta sanitaria, sea esta la misma que la del resto de la población (válida en todo el territorio español) o una especial para cada comunidad.

Fuente: El País; La Moncloa