Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma de Mallorca a once personas y ha imputado a otras ocho, acusados de pertenencia a grupo criminal, favoreciendo a la inmigración ilegal y falsedad documental, por tráfico ilícito de seres humanos, principalmente de procedencia peruana. En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Baleares ha informado de que ha dado por finalizada la denominada ‘Operación Compresor’, que ha revelado que la citada organización habría traficado con 30 personas, que debieron pagar los contratos de trabajo con 2.500 euros o con favores sexuales. Concretamente, ha detallado que la investigación, iniciada en enero del presente año, detectó la existencia de determinadas irregularidades cometidas a través del despacho de una abogada, relacionadascon la regularización de personas, principalmente de origen peruano, mediante contratos de trabajo ficticios.

OPÉRATION DE LA POLICE ESPAGNOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE D’ÊTRES HUMAINS. Les agents de la Police nationale de l’Espagne ont arrêté à Palma de Mallorca onze personnes et a imputé huit personnes accusées d’appartenance à un groupe criminel qui favorise l’immigration illégale et la traite des êtres humains, en particulier d’origine péruvienne. Dans un communiqué, la Police Nationale a dit que l’«Opération Compressor» a révélé que cette organisation aurait traité avec 30 personnes qui ont eu à payer les contrats de travail avec 2.500 euros ou avec des faveurs sexuelles. Plus précisément, la recherche a constaté l’existence de certaines irrégularités commises par le bureau d’un avocat lié à la régularisation de personnes, principalement en provenance du Pérou, par le biais de contrats de travail fictifs [le texte continue en espagnol].

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Así, los agentes comprobaron que ciudadanos de aquel país habían entrado en España  mediante ofertas de trabajo relacionadas con el servicio doméstico y la construcción y que, tras haber conseguido los permisos, no habían sido dados de alta en la Seguridad Social , condición indispensable para poder obtener definitivamente el permiso de residencia y trabajo.

De este modo, la Policía Nacional detectó que los falsos empresarios para los que los inmigrantes supuestamente trabajaban, seguian un mismo patrón, que era haber sido habituales en centros de riesgo de exclusión social o de acogida de personas con problemas de consumo de alcohol y que carecían de cualquier posibilidad de desarrollar en esos momentos actividad empresarial alguna.

En esta línea, ha explicado que estos «empresarios», que eran captados por la organización, recibían una «ayuda» de unos 150 euros, a cambio de contratar cada uno, a dos o tres inmigrantes, que eran falsos trabajadores.

Precisamente, ha revelado que desde el despacho profesional de una abogada de Palma se disfrazaba la legalidad de los contratos de trabajo, las solicitudes pertinentes de obtención del permiso de residencia y trabajo y otros.

De las investigaciones, se desprende que cada trabajador pagaba al grupo investigado unos 2.500 euros, además de los gastos que luego se generaban en tramitaciones documentales, dándose la circunstancia de que alguna de las víctimas, cuando no podía hacer frente a las deudas contraídas, el responsable del grupo criminal la exigía mantener relaciones sexuales para compensar éstas.

Fuente: Lainformación.com