Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red que explotaba sexualmente a más de 60 mujeres en clubes de alterne de las provincias de Málaga y Granada. En el operativo policial han sido detenidas 11 personas, responsables de tres clubes. Las víctimas eran forzadas a mantener relaciones sexuales con los responsables si querían obtener una plaza para poder trabajar en los clubes de alterne que regentaban, así como para conservarla, una vez la habían conseguido. Los explotadores obligaban a las jóvenes a consumir sustancias estupefacientes con el fin de que pudieran aguantar las largas jornadas de explotación a las que eran sometidas, y para generar en ellas una dependencia económica que las impedía dejar esta actividad.

LA POLICE ESPAGNOLE DÉSARTICULE UN RÉSEAU QUI EXPLOITAIT SEXUELLEMENT PLUS DE 60 FEMMES. Les agents de la Police Nationale de l’Espagne ont désarticulé un réseau qui exploitait sexuellement plus de 60 femmes dans des clubs des provinces de Malaga et de Grenade. Dans l’opérationnel ont été arrêtés 11 personnes, responsables de trois clubs. Les victimes étaient forcées à maintenir des relations sexuelles avec les responsables si elles voulaient obtenir une place pour pouvoir travailler dans les clubs, ainsi que pour la conserver une fois elles l’avaient obtenue. Les exploiteurs obligeaient les jeunes à consommer des substances stupéfiantes pour endurer les longues journées de l’exploitation auxquelles elles étaient soumis, et pour générer dans celles-ci une dépendance économique qui elles empêchait de laisser cette activité [Le texte continue en espagnol].

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La operación comenzó hace más de un año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en diferentes clubes de la Costa del Sol y Granada se estaba obligando a mujeres extranjeras a ejercer la prostitución. Inmediatamente los investigadores comprobaron todos estos extremos y comenzaron las pesquisas que los condujeron hasta una organización, formada mayoritariamente por ciudadanos españoles y sudamericanos, que gestionaba tres clubes en los que trabajaban más de 60 mujeres.

Las jóvenes, muchas de ellas extranjeras en situación irregular, explicaron a los agentes que habían aceptado el trabajo debido a su precaria situación económica, pero que una vez en los clubes, los responsables les habían impuesto unas condiciones abusivas, teniendo que trabajar todos los días de las semana en jornadas interminables y debiendo entregar todo el dinero obtenido por sus servicios a los responsables de los clubes.

Obligadas a mantener relaciones para mantener su plaza

Todas ellas manifestaron que habían sido obligadas a mantener relaciones sexuales con los miembros de la organización tanto para conseguir una plaza en los mismos para poder ejercer la prostitución, como para conservarla posteriormente. También eran impelidas a consumir sustancias estupefacientes, asegurándose de este modo un mayor rendimiento laboral, generando además en las víctimas una dependencia económica.

Las investigaciones pusieron de manifiesto los responsables utilizaban diversas técnicas contables para el intercambio de bienes inmuebles con el fin de ocultar los beneficios obtenidos de la explotación sexual, tratando así de dificultar el seguimiento del dinero obtenido. También se supo que trasladaban constantemente a las mujeres de un club a otro de los que regentaba la organización, con lo que se aseguraban de variar la oferta a sus clientes y, al mismo tiempo, evitaban que se fueran a trabajar a otros clubes rivales.

Los agentes establecieron un dispositivo para identificar y localizar a los miembros de esta organización, que finalmente fue desarticulada y que se ha saldado con la detención de 11 personas. Los investigadores han realizado cuatro registros, en el domicilio de uno de los investigados y en los tres clubes de alterne, en los que se ha identificado a más de 60 mujeres víctimas de la trama. Además se ha intervenido numerosa documentación contable, anotaciones de la contabilidad de los servicios sexuales prestados por las víctimas, 20.000 euros en efectivo, distintas cantidades de estupefacientes dispuestos para su venta, así como varios dispositivos electrónicos de última generación cuyo contenido está siendo analizado por expertos policiales.

La operación ha sido llevada a cabo por la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y las UCRIF de Málaga y Granada, además de las Brigadas Provinciales de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial de Málaga.