El Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación racial ha emitido un informe en el que requiere a España para que tome medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales, que -en la práctica- pueden suponer la detención indiscriminada de extranjeros.

LES NATIONS UNIES DEMANDENT À L’ESPAGNE DE METTRE FIN AUS ARRESTATIONS ARBITRAIRES DES IMMIGRANTS. Le Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination raciale a publié un rapport demande à l’Espagne de prendre des mesures efficaces pour éradiquer la pratique des contrôles d’identification basée sur le profilage ethnique et raciale, qui, en pratique, peut impliquent la détention des étrangers sans discrimination.

Es esta una de las recomendaciones básicas que se incluyen en el documento publicada por las Naciones Unidas en el marco del examen realizado sobre España durante el 78º período de sesiones, que se desarrolló entre el 14 de febrero y el 11 de marzo, y en el que se analizaron informes presentados por el Gobierno, Amnistía Internacional, SOS Racismo, Secretariado Gitano y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Según publica el Diario de Noticias, medio de comunicación navarro,

el Comité pide a España que revise la Circular policial 1/2010 en la que se consignaban cupos de detención de inmigrantes, así como reforme los aspectos de la legislación en materia de extranjería «que dan lugar a interpretaciones que en la práctica se pueden traducir en la detención indiscriminada y en la restricción de los derechos de los ciudadanos extranjeros».

Además, el Comité pide al Gobierno que «revise» la Ley de Extranjería porque las disposiciones relativas a extranjeras de víctimas de violencia de género «son discriminatorias» contra las mujeres que padecen malos tratos y están en situación irregular.

Según el documento, la Ley «puede disuadir a las mujeres extranjeras, en situación irregular, a presentar denuncias por violencia de género por miedo a ser expulsadas del territorio del Estado parte en caso de que los tribunales no dicten una sentencia condenatoria contra el acusado».

El Comité también expresa su «preocupación» por las personas que tras cumplir 60 días encerradas en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son puestos en libertad con un proceso de expulsión pendiente, lo que les hace «más vulnerables a ser víctimas de abusos y discriminaciones».

En esta línea, solicitan al Gobierno que adopte «las medidas necesarias para garantizar la protección de sus derechos básicos, la protección judicial y el acceso a un recurso efectivo, incluida la posibilidad de recurrir su orden de expulsión».

Por último, piden al Ejecutivo que elabore el reglamento de los CIE con la finalidad de uniformar su funcionamiento y así garantizar condiciones de vida, acceso a información, asistencia legal y atención médica adecuadas para los internos, así como el acceso de las organizaciones no gubernamentales de asistencia a dichos centros.

La violencia de género, las detenciones indiscriminadas y la violencia de género son, junto a la falta de estadísticas, las cuestiones sobre las que la ONU pide a España un mayor esfuerzo. En concreto, «reitera» su petición al Gobierno de facilitar datos «sobre la composición étnica y racial de su población» y solicita que elabore un censo incluyendo estos criterios, porque es «fundamental» para «monitorear» la discriminación.

Sobre este asunto, el Comité expresa su «preocupación» porque «no existen cifras oficiales» sobre incidentes racistas y xenófobos, ni sobre el número de denuncias presentadas o las medidas judiciales que han acarreado. Para la ONU, tener «escaso número de denuncias» no debe considerarse «necesariamente positivo, ya que puede ser un indicador, entre otros, del temor de las víctimas» o de su «falta de confianza en los órganos policiales y judiciales».

Si bien acoge con «satisfacción» los acuerdos sobre asistencia y repatración a menores no acompañados que España ha firmado con Rumanía y Senegal, también manifiesta «preocupación» por la realización de pruebas radiológicas para determinar mediante una valoración ósea la edad de los menores no acompañados en territorio español. Según alerta, el «amplio» margen de error del sistema utilizado «puede dejar a algunos menores desprovistos de las protecciones que les corresponden».

Así, insta al Estado español a que «revise» diferentes métodos de determinación de edad e «invierta» en la puesta en marcha de «pruebas fiables, actualizadas y que no sean dañinas para la integridad física de los menores».

Fuente: Diario de Noticias