Tres peruanos que residen en Badajoz y tres españoles que tienen empresas o trabajan en Santa Marta de los Barros serán juzgados el próximo 2 de octubre en la Audiencia Provincial de Badajoz como presuntos responsables de una trama que tenía como objetivo traer a ciudadanos peruanos a España previo pago de importantes sumas de dinero, objetivo que lograban simulando ofertas de trabajo.

UN RÉSEAU QUI PERMETTAIT L’ENTRÉE DES PÉRUVIANS ILLÉGALEMENT À BADAJOZ FAIT FRONT À PLUS DE 20 ANS DE PRISON. Trois péruviens vivant à Badajoz (Espagne) et trois espagnols qui ont des entreprises ou ils travaillent à Santa Marta de los Barros seront jugés le 2 Octobre à la Cour provinciale de Badajoz comme suspects dans un complot qui visait à faciliter l’entrée en Espagne des péruviens après avoir payé de grosses sommes d’argent. Un objectif à réussir simulant offres d’emploi [Le texte continue en espagnol].

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El Ministerio Fiscal entiende que la responsable de la red era una mujer de nacionalidad peruana que tenía el apoyo de su hija y de su yerno. Juntos dirigían desde Badajoz una trama criminal dedicada a facilitar la inmigración ilegal clandestina de peruanos que llegaban a pagar entre 3.000 y 4.000 euros.

Para lograr que su entrada en el país fuera legal, los cabecillas de la red presentaban ante la Subdelegación del Gobierno en Badajoz ofertas y contratos de trabajo que les permitían obtener fraudulentamente la autorización de residencia y trabajo. Tanto la captación inicial de los inmigrantes como el alojamiento inicial en Badajoz y la recaudación del dinero eran realizados por la mujer N. C. E. T. y su hija R. E. T. E., quienes facilitaban también el empadronamiento en los sucesivos domicilios familiares que tuvieron.

En algunas ocasiones, los inmigrantes trabajaban para una empresa de Santa Marta de los Barros en la que también trabajaba M. A. L., marido de R. E. T. E.. Era él quien controlaba sus salarios y la prestación de horas extraordinarias, que no eran retribuidas a los trabajadores.

Igualmente colaboraban tres vecinos de Santa Marta que conocían la actividad ilícita que se estaba realizando y se prestaron a figurar como empleadores de los inmigrantes en las ofertas y contratos de trabajo a pesar de que la mayoría de los extranjeros no llegaron a desempeñar las tareas laborales directamente para ellos. Uno de los acusados por estos hechos es el empresario J. M. T. V., titular de la empresa mercantil de Santa Marta para la que trabajaba M. A. L.

A él se une en la lista de imputados A. D. B., que era autónomo y amigo de R. E. T. E., así como A. S. M., compañero de trabajo de M.A.L.

La Fiscalía entiende que estos tres ciudadanos españoles colaboraron con la red, aunque no consta que se beneficiaran económicamente de esos hechos. En total, se presume que pudieron llegar a España de ese modo al menos 14 ciudadanos peruanos.

En opinión del Ministerio Fiscal, los hechos relatados son constitutivos de tres delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por favorecimiento de la inmigración ilegal.

N. C. E. T., R. E. T. E. y M. A. L. han sido acusados de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal en el que concurre el ánimo de lucro. Se pide para cada uno de ellos 6 años de cárcel.

Dos años es la pena que se solicita para J. M. T. V. por un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, mientras que A. D. B. y A. S. M. se enfrentan a una petición de dos años de cárcel para cada uno de ellos por favorecer la inmigración ilegal.

Fuente: Hoy.es