En estos términos se pronunció el pasado 2 de septiembre Deyanira Nieves, vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el seminario sobre trata de personas que tuvo lugar como inicio de la primera ronda de encuentros técnicos preparatorios de la XXXIV Reunión de Ministros de Interior y Justicia, y la XL Reunión de Ministros de Justicia de Mercosur, prevista para el próximo 6 septiembre en Caracas.

«LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS PEUT SE CONVERTIR EN LE PREMIER DÉLIT TRANSNATIONAL DE LA PLANÈTE». Dans ces termes s’a prononcé le 2 septembre passé Deyanira Nieves, vice-présidente du Tribunal Suprême vénézuélien de Justice dans le séminaire sur la traite des êtres humains qu’il a eu lieu comme commencement de la première ronde de rencontres techniques préparatoires de la XXXIV Réunion de Ministres de l’Intérieur et de Justice, et la XL Réunion de Ministres de la Justice de Mercosur, prévu pour le 6 septembre suivant à Caracas [Le texte continue en espagnol].

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La magistrada expresó la preocupación que deben tener los países de la región sobre el incremento de este delito «que atenta contra los valiosos derechos humanos entre ellos, la libertad, e indiscutiblemente contra el sagrado y mayor de los derechos: la vida». Nieves expresó en su exposición que la trata de personas es un crimen de lesa humanidad que califica actualmente como «uno de los más graves», razón por la cual no debe haber impunidad alguna contra este flagelo.

«La trata de personas es conocida como la esclavitud del siglo 21 en el mundo globalizado contemporáneo. Es un crimen que atenta contra los derechos humanos y hoy ocupa el tercer lugar en la lista de los crímenes transnacionales. Le antecede el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas. Es el segundo negocio ilícito más lucrativo luego de las drogas», agregó.

Según las estadísticas revisadas por la magistrada, este delito ocupará el primer lugar en los crímenes transnacionales, sobre todo «por los beneficios económicos que genera y que mueve la proliferación de este delito en todo el mundo con el objeto de industrializar el sexo».

«Anualmente, moviliza más de 77.500 millones de dólares por lo que se cree que seguirá creciendo. Ningún país del mundo por más alta que sea su seguridad, es inmune a la trata de personas», puntualizó.

Delitos vinculados

La magistrada del TSJ explicó durante el seminario que la trata de personas se vincula a delitos de esclavitud, como la explotación sexual, además de relacionarse con crímenes como secuestros, corrupción, drogas, entre otros.

«Esta modalidad esclavista puede efectuarse dentro o fuera del país, y está conectada con otros delitos como el secuestro, las desapariciones forzadas, la corrupción, la falsificación de documentos, la violencia y el abuso físico y sexual, el tráfico y el abuso de drogas, lo que vulnera todo derecho y garantía elemental y fundamental al ser humano», expresó.

Nieves agregó que es un delito que está actualmente afecta a muchas naciones que son utilizadas por las redes de tratantes de diferentes maneras, como países de origen, de tránsito o de destino. «Es un delito en el que los victimarios obligan a las personas a realizar acciones en contra de su voluntad, someten a las víctimas a la prostitución, al trabajo forzado, a matrimonios obligados, a la servidumbre, al tráfico de órganos, a la explotación sexual y a las prácticas de sumisión esclavistas de distintas naturalezas», subrayó.

Crimen organizado y la trata de personas

La magistrada Nieves subrayó que el crimen organizado es el principal responsable de los delitos relacionados a la trata de personas. «Están directamente relacionados», recalcó. En este sentido, dijo que es necesario procurar políticas de Estado que permitan articular entre las naciones, estrategias que enfrenten de manera más frontal la trata de personas.

Nieves comentó que esa articulación debe tener bastante fuerza en la parte migratoria, pues la movilización de un país a otro, convierten a la persona en un blanco a seguir por estos grupos u organizaciones criminales.

«La práctica atroz de la trata de personas en cualquiera de sus modalidades, obscurece sin lugar a dudas la vida e ideales de la justicia de cualquier Estado que se proclame libre y democrático. Este crimen atenta contra el ser humano, y principalmente contra el más vulnerable y débil, porque este flagelo es ejercido sobre todo contra inmigrantes, contra niños, niñas, adolescentes, mujeres y ancianos, y trastoca hogares y comunidades enteras», agregó.

«Debemos ser reflexivos, claros y firmes, al entender y sostener que la crueldad de tales prácticas (…) pueden propagarse a escuelas, universidades, a la sociedad misma», apunto.

Nieves instó a las autoridades que integran el Mercosur y Estados Asociados, a que reflexionen sobre el «horror, desgaste y desgarro emocional, físico y psicológico» que sufren las personas que lamentablemente caen en manos de estas redes pertenecientes a la delincuencia organizada, que la mayoría de las veces está relacionada con el tráfico de armas y de drogas.

Venezuela sanciona con el máximo peso de la ley

La titular de la Sala de Casación Penal del TSJ, declaró que en Venezuela la trata de personas es sancionada de manera gravísima. «El Estado venezolano en nuestro derecho interno, ha sancionado de manera gravísima la comisión del delito de trata de personas, por lo que la Asamblea Nacional decretó la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que fue publicada en Gaceta Oficial número 39.912 del 30 de abril de 2012», recordó.

La representante del TSJ resaltó que la legislación venezolana además obliga al culpable de la trata de personas a cancelar los gastos ocasionados a la víctima, e indeminizarlo por los daños causados para que puede reinsertarse a la sociedad.

Nieves explicó que el artículo 41 de la referida Ley sanciona entre 20 a 30 años de prisión el delito de trata de personas, y si el caso es ocasionado con daños hacia menores de edad, el delincuente debe pagar con la pena máxima.

La magistrada resaltó además el protocolo contra la trata de personas que suscribió el Gobierno Bolivariano en el año 2000 ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que fue ratificado en 2002.

Nieves instó a los representantes de seguridad de la región a promover y aplicar con rigor el mayor de las sanciones «frente a este voraz crimen que flagela sin compasión la historia de la humanidad».

Indicó que «desde el TSJ estamos vigilantes, desde la sala penal prestamos todo para contribuir en la erradicación definitiva de este crimen y de cualquier otro que menoscabe la seguridad de toda persona y sus derechos humanos bajo la tutela incólume de la Constitución de la República».

«Nuestro Estado agotará incansablemente los recursos de sus Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial para erradicar esta conducta lasciva y pluriofensiva del sagrado derecho humano. Votamos por la desaparición de la esclavitud moderna, no a la trata de personas», declaró.

Fuente: Prensa Latina; Diario El Siglo