Según publica el diario «El Universal» de México, de las 33 mil denuncias telefónicas que ha registrado el programa Llama y Vive que opera en Perú, Nicaragua, Costa Rica y el estado de México, 12 mil han estado relacionadas con el delito de trata de personas y de éstas se han derivado 180 denuncias penales, dijo ayer Ellis Juan, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en México. En el marco del Foro Regional para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas, inaugurado por el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, el representante del BID precisó que el programa inició operaciones en Perú y desde hace un año la entidad mexiquense se incorporó al esquema que tiene como objetivo denunciar el ilícito que, según organismos internacionales, después del tráfico de droga y armas es el que genera más ganancias.

Sur les 33 000 plaintes enregistrées appels téléphoniques et des programmes en direct qui opère dans le Pérou, le Nicaragua, le Costa Rica et l’État de Mexico, 12 000 étaient liés au crime de la traite des personnes et de ces 180 rapports ont été tirés d’activités criminelles , a déclaré hier John Ellis, qui représente l’Inter-American Development Bank (IDB) au Mexique. Dans le cadre du Forum régional pour la prévention et l’élimination de la traite des personnes, lancée par le gouverneur du Mexique, Enrique Peña Nieto, le représentant de la BID a déclaré que le programme a débuté au Pérou pendant une année, l’entité a rejoint l’État du Mexique programme vise à dénoncer le crime, selon les agences internationales, après la drogue et le trafic d’armes génère plus de profits.

“Nos preocupa mucho todo el impacto que está teniendo el tráfico ilegal de personas de Centroamérica, hacia el norte —Estados Unidos—, que buscan mejores oportunidades de trabajo y, México es una región de paso”, comentó Ellis Juan.

Patricia Olamendi, experta mexicana en el tema y colaboradora del Comité Técnico del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem Do Pará, sostuvo que el delito de trata de personas, en su modalidad de prostitución y tráfico de migrantes, es ignorado por las autoridades federales y estatales, entre otras cosas, porque es aceptado por la sociedad.

“No hay respuesta de las procuradurías —estatales— del país, ni hay respuesta de la Fiscalía federal, que su mantenimiento cuesta muchos millones de pesos, perdón que lo diga pero se tiene que decir; ni hay respuesta de Tribunales y eso es una forma de complicidad con los tratantes y los traficantes. No se ve lo que se quiere ver”, dijo.

Olamendi recordó que en algunos estados los agentes del ministerio público no investigan el delito y cuando llegan a hacerlo, lo hacen de manera equívoca, es decir, no siguen el protocolo que, por ejemplo, indica que por ningún motivo se puede establecer la identidad de la víctima y sus declaraciones, no hay espacios especiales (como la cámara de Gesell) que impida el contacto visual directo con el agresor, lamentó.

Consideró que los agentes del ministerio público y funcionarios en general que intervienen en el tema tienen que ser capacitados y de incurrir en negligencia al momento de investigar el delito, deben ser sancionados.

Fuente: El Universal

Durante su exposición, César Camacho Quiroz ex gobernador mexiquense aseguró que en México, prácticamente todos los días, las personas que apoyan en los quehaceres domésticos de algunos hogares tienen un trato de objeto y son sometidos (en su mayoría mujeres) a través del poder económico de sus patrones, a esquemas de servidumbre similar a los de esclavitud.

Respecto al marco legal nacional y estatal que sanciona el delito de trata de personas, Camacho Quiroz opinó que aunque la ley requiere una actualización, sólo bastaría con que el ministerio público y juez acataran los lineamientos que establecen los tratados y acuerdos internacionales a los que se ha sumado México.

En ese sentido, Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas de la 61 Legislatura del Cámara de Diputados federal, sostuvo que el delito es tan grave como el de secuestro, por lo que ambos deberían tener sanciones y mecanismos de investigación similares.

A excepción del DF, donde se investiga el delito y se sanciona, el resto de las procuradurías no se ocupan de la problemática, dijo la diputada panista.

El gobernador Enrique Peña Nieto anunció que el próximo año su administración edificará un Centro de Justicia especializada para la Mujer en Ecatepec y Toluca, donde las víctimas serán atendidas de forma integral.