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Informe de Cáritas sobre la inmigración en España: «Se está produciendo un incremento de las situaciones de irregularidad sobrevenida»

viernes, 18 de marzo de 2011

Cáritas Española ha hecho público el pasado jueves, 17 de marzo -en Madrid-, un informe sobre “La situación social de los inmigrantes acompañados por Cáritas”, elaborado por el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas en el que, a partir de datos aportados por el 80 por ciento de las Cáritas Diocesanas de todo el país (54 de un total de 68), se analizan cuáles están siendo los efectos sociales de la crisis en las personas inmigrantes que son atendidas por los distintos programas y servicios de la Confederación en toda España.

RAPPORT DE CARITAS ESPAGNE: «IL Y A UNE AUGMENTATION DES SITUATIONS OU UN IMMIGRANT DEVIENT IRREGULIER». Caritas espagnole a annoncé le 17 mars à Madrid, un rapport sur ​​«La situation sociale des immigrés accompagnée par Caritas», préparé par le Centre de  la réalité sociale de Caritas dans laquelle, à partir des données fournies par 80 pour cent des Caritas diocésaines à travers le pays (54 sur 68),  sont discutés les effets sociaux de la crise sur les immigrants qui sont desservis par les divers programmes et services de la Confédération en Espagne.

El apartado dedicado a abordar la situación jurídica de los inmigrantes acompañados por Cáritas se centra en el problema del incremento de las situaciones de irregularidad sobrevenida. Los agentes de las distintas Cáritas Diocesanas señalan que un tercio del total de personas inmigrantes acompañados se encuentran en situación administrativa irregular y expresan su alarma sobre el preocupante incremento de las situaciones de irregularidad sobrevenida al no poder renovar sus autorizaciones de residencia y trabajo. La causa principal de ello ha sido la rigidez de las condiciones exigidas para la renovación.

Para Cáritas, como señala el Informe, este hecho “evidencia los riesgos y las posibles fracturas sociales de una política migratoria que únicamente se configura en torno al mercado laboral y que no toma en cuenta a los inmigrantes como personas, con vínculos y relaciones familiares”. “Estas situaciones –se añade- son más graves de lo que han sido nunca, porque no sólo afectan al inmigrante, sino a todos los reagrupados vinculados a él. Son personas y familias que, por falta de previsión, se ven condenadas a vivir en la clandestinidad y abocados a trabajar en la economía sumergida”.

Dentro de este mismo capítulo, el Informe apunta también a la ausencia de contrato de trabajo como la mayor dificultad a la que se enfrentan los inmigrantes a la hora de gestionar el arraigo, lo que es consecuencia directa del impacto de la crisis en estas personas. Asimismo, en cuanto a la reagrupación familiar, se advierte que las mayores barreras están en las condiciones económicas del reagrupante, las condiciones de la vivienda de éste y los obstáculos en la gestión con los consulados.

Junto a ello, se denuncian las incoherencias y contradicciones entre lo que algunos representantes públicos dicen en sus discursos sobre integración y convivencia, y las medidas prácticas que las diversas Administraciones implementan en la acción social pública. Además, algunas Cáritas señalan cómo algunos de esos representantes “están aprovechando la coyuntura actual para sacar rédito electoral, con unos discursos que claramente suponen un obstáculo para  la convivencia y la cohesión social”.

Las preocupantes declaraciones lanzadas por algunos responsables políticos durante todo el año (negativa a empadronar extranjeros en situación irregular, la problemática concerniente a la discusión sobre los mínimos de habitabilidad de las viviendas, la sanción a los caseros que permitan o promuevan el hacinamiento, la cuestión del velo o el tan socorrido contrato de integración) se insertan en una dialéctica electoral en las que el migrante se convierte en un arma arrojadiza” se lee en el Informe.

Otro aspecto que se recoge es el aumento de los controles de identificación a los inmigrantes en locutorios, parques, e intercambiadores de transporte público, unas prácticas que se han hecho extensivas también a los propios recursos y dispositivos que Cáritas tiene para la acogida de inmigrantes, a los que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado acceden con distinta periodicidad para solicitar información de carácter personal sobre los inmigrantes acogidos en esos centros.

El capítulo final del Informe incluye una serie de propuestas, entre las que puede destacarse las siguientes:

1) Garantizar el acceso al Padrón Municipal.

2) Elaborar un Plan Integral de Lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, en el que se reconozcan las medidas de protección y los supuestos de personas víctimas, y cuyo ámbito de aplicación se extienda tanto a personas extranjeras como españolas o comunitarias.

3) Habilitar soluciones para los inmigrantes en situación administrativa irregular. El Gobierno debe articular medidas que permitan erradicar las situaciones de vulnerabilidad e indefensión que sufren estas personas como consecuencia de su situación administrativa, promoviendo un paquete de derechos básicos de ciudadanía social que les garantice el acceso en igualdad de condiciones a estos derechos.

4) Detener las situaciones de irregularidad sobrevenida. Se deberían retirar alguna de las exigencias documentales que se incluyen en el borrador de Reglamento de extranjería con respecto a la renovación de algunas autorizaciones (como la de reagrupación familiar).

5) Velar por el cumplimiento estricto de la ley en los controles selectivos. Debemos prevenir sobre uno de los mensajes implícitos que estas prácticas traen consigo y que ponen en peligro la convivencia al asociar inmigración a delito. Es urgente que todos recordemos, una vez más, que encontrarse en situación irregular NO es un delito.

6) Limitar el acceso de las fuerzas de seguridad a nuestros centros y servicios. Cáritas supone para muchos ciudadanos, migrantes o no, un lugar de acogida, de refugio, de escucha, de seguridad. No podemos poner en riesgo este principio de intervención. Por tanto, pedimos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado accedan a los dispositivos de Cáritas para solicitar información sobre los datos personales de los residentes únicamente en aquellos casos en los que medie una situación de peligro real (excepcional, por tanto) o para intervenir ante una infracción penal (situación individual).

Fuente: Cáritas