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Críticas a las referencias del Anteproyecto de Seguridad Ciudadana en materia de prostitución

sábado, 23 de noviembre de 2013

El Colectivo en defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo HETAIRA ha publicado una nota de prensa en la que critica abiertamente el Anteproyecto de Seguridad Ciudadana que próximamente será presentado ante el Consejo de Ministros. Un anteproyecto que sancionará a quienes ofrezcan o contraten servicios sexuales cerca de los colegios. A continuación os ofrecemos el contenido íntegro del comunicado emitido.

DES CRITIQUES À L’AVANT-PROJET DE SÉCURITÉ CITADINE EN ESPAGNE. Le Collectif dans une défense des droits des travailleuses du sexe HETAIRA a publié une note de presse dans celle qui critique ouvertement l’Avant-projet de Sécurité Citadine qui sera prochainement présentée devant le Conseil des Ministres de l’Espagne. Un avant-projet qui sanctionnera ceux qu’ils offrent ou commercent des services sexuels près des collèges. Ensuite nous vous offrons le contenu intégral du communiqué émis [Le texte continue en espagnol].

Contenido del comunicado de prensa:

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Multar a las prostitutas es la peor iniciativa que podría tomar el Gobierno central en cuestiones de prostitución. Recordamos que en 2007 el Congreso de los Diputados se comprometió a realizar un estudio de situación sobre la prostitución, estudio que jamás se ha llegado a poner en marcha. Es decir, seguimos sin conocer a ciencia cierta qué cantidad de personas ejercen la prostitución ni en qué modalidad (calle, pisos, clubes, hoteles, etc…, quienes trabajan autónomamente, quienes lo hacen en relación a terceros…).

Sin ir más lejos, el Instituto Nacional de Estadística (INE) solicitaba hace pocas semanas datos al Colectivo Hetaira para poder conocer el PIB de la actividad de la prostitución, según una exigencia europea al Gobierno español.

No sabemos ni aproximadamente cuántas prostitutas ejercen en nuestro país, no sabemos cuántas de estas personas trabajan cerca de colegios, ni jamás se ha presentado esta situación (cercanía a los colegios) como un “grave problema social”, pero es igual, el Gobierno las multará. Y cuando no puedan pagar semejantes cantidades pero sigan trabajando en el mismo lugar probablemente pasará lo que ya está pasando en otras ciudades que la sanción administrativa se convertirá en delito de desobediencia a la autoridad.

Entendemos, por los datos que hoy ofrecen sobre el nuevo proyecto de ley los medios de comunicación, que también serán multadas si se considerase que su presencia ocasiona “algún riesgo para la seguridad vial”, con lo que, soterradamente, estamos asistiendo a la prohibición de negociar un intercambio de servicios sexuales por dinero en la calle en cualquier circunstancia.

Ante la difícil situación que atraviesan las prostitutas (a quienes la crisis está afectando al igual que al resto de la población), el Gobierno responde criminalizándolas (a pesar de que, recordémoslo, la prostitución no es un delito) y las situará en una situación de aún mayor vulnerabilidad.

Hetaira denuncia que leyes como ésta castigan a las prostitutas que captan su clientela en la calle (y que suelen ser las más vulnerables pero también las más autónomas) y favorecen los intereses de los empresarios de los grandes clubes ya que las obligan a trabajar en esos lugares donde carecen de cualquier ley que proteja sus derechos, dado que no existe un reconocimiento de que la prostitución sea un trabajo.

Hetaira denuncia que no existen programas sociales ni ofertas de empleo realistas para que quienes deseen abandonar el ejercicio de la prostitución puedan hacerlo con tranquilidad, con cierta cobertura social que no las arrastre sin remedio a una situación de extrema pobreza.

Hetaira entiende que las trabajadoras del sexo en nuestro país lo que necesitan son derechos laborales que las protejan frente a los abusos que ya sufren. Estamos cansadas de oír hablar de “explotación sexual” sin que se sepa bien qué significa este concepto ni se ponga remedio a los abusos laborales que sufren las que trabajan en grandes clubes, dependiendo de terceros.

En cuanto a las personas que sean víctimas de trata, si este proyecto de ley llega a entrar en vigor, difícilmente considerarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como “aliados” para denunciar su situación; sino todo lo contrario, para ellas serán solo aquellos que las multan por ejercer.

Por todas estas razones en materia de prostitución (a las que sumamos nuestro rechazo a la prohibición de concentraciones y manifestación no autorizadas, así como las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados, la participación en los escraches, etc), nos oponemos a la aprobación del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana».