-La última regulación penal de la trata de seres humanos parte de diciembre de 2010 y recoge las propuestas del Convenio de Varsovia de 2005, recientemente ratificado por el Estado español. La finalidad que se propone es castigar a quienes favorecen el traslado coercitivo de personas, desde otros países o desde el interior del nuestro. Ha existido una permanente confusión entre esta durísima realidad de la trata (‘trafficking’), que somete a las personas a un régimen de servidumbre, una ‘nueva esclavitud’, y el tráfico de personas (‘smuggling’) que tiene que ver con la simple ayuda a la inmigración clandestina e ilegal. Hasta muy recientemente ambas instituciones se confundían en el panorama internacional y en el Derecho español, y aún hoy en día, tras la reforma última, resulta lamentable que tengan asignadas penas privativas de libertad muy similares: 5 a 8 años la primera y 4 a 8 la segunda, siendo tan distintos los intereses que están llamadas a proteger.

-Si hacemos caso de las cifras oficiales, los porcentajes de inmigración relacionada con la industria del sexo que habitualmente se citan son entre un 80% y un 90%, pero carecen de una base empírica fiable. Sucedió con el famoso informe de la Guardia Civil de 2005, que fue tan citado en su momento como ‘fuente de autoridad’ en medios oficiales. Únicamente se refería a los clubes de carretera, dejando al margen las zonas urbanas y, por consiguiente, amplísimas formas de ejercicio de la prostitución de mujeres españolas que quedan ocultas, en particular las de alto standing (call-girls, chicas de compañía, peep-shows, casas de masaje .) y pisos de contacto, sobre todo. En cuanto a la proporción de mujeres inmigrantes víctimas de trata, las cifras están a menudo a merced de las distintas posiciones ideológicas en torno a la prostitución. Ya sabe que desde el abolicionismo se niega que exista la prostitución libre y, como mucho, se admite que llegue a un 5%. Si las asociaciones de defensa de las trabajadoras sexuales dicen que en su inmensa mayoría (80%) eligen voluntariamente la prostitución, entiendo que esa es la valoración correcta.

-Más allá de actitudes estrictamente ideológicas acerca de la dignidad y la libertad de las trabajadoras sexuales, que desde luego defiendo, mi posición no puede ser más que favorable al feminismo de los derechos, porque su pretensión es garantizar un estatus jurídico para un colectivo social injustamente marginado y estigmatizado por transgredir el orden sexual establecido, cuyo garante -uno de los más feroces- es el feminismo abolicionista. Están en juego derechos estrictamente personales, como el derecho a decidir libremente sobre el uso del propio cuerpo, y el derecho a una sexualidad no coercitiva, pero también derechos sociales tan indispensables como el derecho al trabajo y a unas condiciones laborales dignas, descansos semanales, horarios limitados, protección social frente al despido, la enfermedad o la jubilación. ¿Es mucho pedir para quienes realizan un trabajo afectivo sexual que tantos reconocen cuando se liberan del peso de los prejuicios? No creo que después de la revolución sexual pueda seguir manteniéndose que quien ofrece sexo comercial es, en realidad, víctima de trastornos cognitivos, de socializaciones fracasadas, abusos sexuales en la infancia, lavados de cerebro.

-Las ordenanzas municipales no son, en mi opinión, intentos de regularizar la prostitución, sino de crear un clima temible de control y disciplinamiento colectivos en contra de los sectores sociales más débiles: trabajadoras sexuales, mendigos, jóvenes marginales. El intento de regular la prostitución no proviene de nuestras leyes sino de la mejor doctrina de nuestros tribunales de justicia, laborales y penales, que están empezando a reconocer la legalidad de la prostitución autónoma y por cuenta ajena. Una última sentencia del Tribunal Supremo, de 14 de abril de 2009, entendió que «la prostitución voluntaria afecta a aspectos de la voluntad que no pueden ser coartados por el Derecho, siempre que el tercero que establezca las condiciones de trabajo no conculque los derechos que les corresponda como trabajadores». Para el feminismo de los derechos, que antes reivindicaba, se ha abierto una línea esperanzadora para la seguridad de los derechos de los y las trabajadores sexuales, que no son sino simples actores sociales que se mueven voluntariamente en un contexto tan digno de ser reconocido y jurídicamente tutelado como cualquier otro.